Incapacidad Laboral y COVID Persistente

Fuimos noticia en La Nueva España. En este caso hablamos del COVID persistente, una casuística que tarde o temprano, esperamos que más pronto que tarde, será causa de declaraciones de Incapacidades Laborales Permanente.

La realidad va por delante de la legislación. Así son las cosas y así es lógico que ocurra. Y así nos lo estamos encontrando con una realidad nueva en el ámbito laboral derivada de la pandemia: todos aquellos trabajadores con COVID persistente que se sienten incapaces de continuar con normalidad su trayectoria profesional, a pesar de no contar aún con un reconocimiento oficial al respecto. 

Tras más de un duro año de pandemia mundial, hay muchas personas que han sufrido el SARS-CoV-2 y aún tienen síntomas persistentes. Cuando los síntomas perduran más de 12 semanas después de la enfermedad aguda, es lo que se conoce como Síndrome Post Covid, Covid crónico o “Long Covid”, que compromete principalmente al sistema músculo- esquelético, pulmonar, digestivo y neuro- psiquiátrico. 

Entre la lista de síntomas destacan la tos, fatiga, dolor de cabeza, pérdida de gusto y olfato, insomnio, mareos, dolor articular, depresión, bajo estado de ánimo, ansiedad, palpitaciones, parestesias, estrés, trastornos de atención, inmunológicos, neurológicos y cardiovasculares, e incluso afectación a la piel, caída del cabello y cambios en la córnea del ojo. Las secuelas pueden ser causadas por respuestas inflamatorias graves, microangiopatía trombótica, tromboembolia venenosa y falta de oxígeno. La duración de los síntomas debe sobrepasar las 12 semanas una vez superada la fase aguda del COVID-19 para que se considere síndrome. 

El perfil de la mayoría de personas afectadas por COVID-19 persistente son mujeres de entre 36 y 50 años y estos síntomas afectan a la calidad de vida, salud mental y, como es natural, también al empleo. Es el caso de muchas personas que manifiestan no poder trabajar. 

Ante esta situación la Seguridad Social incluyó como incapacidad temporal las situaciones de sospecha por contacto y la cobertura de los trabajadores especialmente sensibles (TES).

Durante 2020, la Seguridad Social ha registrado 864.512 bajas por infección y 1.961.299 por aislamiento. A todo ello hay que sumarle las bajas de los TES, de modo que la cifra total de bajas como consecuencia directa e indirecta de COVID-19 ha ascendido a 2.889.377. 

Pero son las bajas por infección prolongadas más allá del tiempo esperado para su curación, las que precisan de estudio, análisis y seguimiento para averiguar cuántas lo son por el denominado SPC. 

Se trata sin duda de una patología emergente, sobre la cual aún no hay valoración de la posible incapacidad laboral. En toda incapacidad laboral, no se debe confundir la limitación funcional con el carácter impeditivo laboral de la misma, que es lo que condiciona su tramitación. 

Aún es pronto para determinar si las secuelas generadas por el COVID pueden dar lugar al reconocimiento de un grado de incapacidad laboral permanente por parte de la Seguridad Social y que un trabajador tenga derecho a cobrar una pensión mensual vitalicia. Habrá que estar a la espera de cómo lo van resolviendo los tribunales. Algunas de las secuelas derivadas del SPC son ya en sí mismas posibles causas de incapacidad temporal a día de hoy, como, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. El problema es que se trata de enfermedades de difícil diagnóstico y evaluación de las secuelas, que muy raramente son reconocidas por la Administración, debiendo litigar en tribunales por las mismas. 

El resumen de la situación actual es, a la espera de jurisprudencia y sentencias al respecto, que sí pueden establecerse paralelismos con las secuelas de otras enfermedades y, en nuestra opinión y en la de muchos profesionales especializados en materias relativas a la Seguridad Social, es muy posible que nuestros tribunales fallen a favor del reconocimiento de un grado de incapacidad permanente para muchos trabajadores. El reconocimiento de la incapacidad laboral por COVID se resiste a llegar, pero llegará. 

 

María Teresa M. Villa

Directora General de Velázquez y Villa, despacho especializado en Derecho laboral y de la Seguridad Social

 

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