Las personas con una incapacidad permanente volverán a tener automáticamente un certificado de discapacidad de, al menos, el 33%
Un cambio en la Ley del Empleo otorga beneficios fiscales, laborales y otras ventajas a las personas que estén cobrando una pensión por incapacidad permanente. La nueva Ley de Empleo, publicada el 28 de febrero en el BOE, trae un valioso cambio para la personas con discapacidad, y avala los reclamos que desde hace cinco años venían realizando entidades como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
La enmienda realizada al artículo 35 de la ley establece que a cualquier persona con pensión de incapacidad permanente se le reconoce el 33% de discapacidad.
Ahora el texto de ese artículo, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, especifica que “tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”. Esta reforma recupera este derecho que se había eliminado en 2018. Así, ayuda a que numerosos pensionistas de la Seguridad Social sean consideradas personas con discapacidad a efectos de acceso al mercado laboral.
Contar de forma automática con un grado de discapacidad del 33% también permite acceder a diferentes beneficios sociales y fiscales a las personas beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente.
Respecto a la Declaración de la Renta, al tener un 33% de discapacidad, el mínimo personal y familiar exento de declarar el IRPF aumenta 3.000 euros. Así, el mínimo de un pensionista con, al menos, una incapacidad permanente total será de 8.550 euros en 2023. Además, las personas con discapacidad del 33% pueden acceder a descuentos en el IVA de la compra de un vehículo especial, están exentas de pagar el impuesto de matriculación del vehículo y del impuesto de circulación del vehículo. También pueden acceder a diferentes ayudas para la adquisición de una vivienda o estacionamiento. Es habitual que los gobiernos autonómicos y ayuntamientos cuenten con descuentos de transporte público para las personas con discapacidad de, al menos, el 33%. Así como descuentos para ocio y cultura. A partir de ahora, todos los pensionistas de incapacidad permanente podrán acogerse a estos beneficios.
Sin embargo, el principal beneficio de esta nueva medida se centra en el ámbito laboral. Las personas con discapacidad reconocida cuentan con un número de plazas reservadas de empleo público, y en empresas privadas. Como mínimo, el 7% de la oferta de empleo público debe estar destinada a personas con discapacidad. Y en empresas a partir de 50 empleados, al menos un 2% de la plantilla deben ser empleados con discapacidad.