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En esos duros momentos hay ciertos trámites que son necesarios y que deben hacerse a la mayor brevedad posible. Para facilitaros esa tarea, en un momento de vuestras vidas en el que lo último que queréis es pensar en  el  dichoso “papeleo”, os aportamos un guión de los pasos administrativos que debéis hacer: Certificado médico de defunción, que se expide por un profesional médico tras el acreditar y certificar el fallecimiento. Sepultura o incineración. Certificado de defunción ante el Registro Civil, dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento. Certificado de seguros de vida, imprescindible para saber si el fallecido tenía contratados seguros de accidente o de vida, y para cobrarlos. Certificado de últimas voluntades, en el cual nos informarán si hay testamento y el nombre del notario responsable del mismo. En el caso de que haya testamento: Solicitud de copia de testamento ante notario, para lo cual es preciso aportar el certificado de últimas voluntades y el certificado de defunción. Si no hay testamento: se debe hacer una declaración de herederos, bien ante notario, si los herederos son los forzosos, o bien ante los tribunales, si se trata de parientes lejanos. Aceptación de la herencia, expresa o tácitamente, a beneficio de inventario, o repudiarla (esencial, ya que el difunto pudo dejar tan sólo deudas… y si aceptamos la herencia estamos aceptando las deudas!!) Liquidación del impuesto de Sucesiones y Donaciones en el plazo de seis meses desde la fecha del fallecimiento ante la Hacienda autonómica. Liquidación de cuentas bancarias, dar de baja contratos, suministros, cambios de titularidad… Solicitud si procede, de pensión de viudedad, auxilio por defunción, viudedad, favor de familiares… La realización de todos estos pasos, asesorado y con el apoyo de un profesional, puede ahorrarle mucho tiempo y hacerle ganar mucho dinero.

El Equipo psicosocial es un equipo de especialistas adscritos a los Juzgados de Familia, que tienen por objeto asesorar e informar al Juez, desde una perspectiva científica, de los supuestos que han llegado al juzgado sobre temas familiares y donde hay menores. Estos equipos están formados por uno o varios psicólogos y un trabajador social. Según donde nos encontremos, hay equipos propios de cada juzgado, o en otras ocasiones, en poblaciones más pequeñas, nos encontramos con un equipo que atiende todos los casos de familia de los diversos Juzgados en haya en la misma población que tienen asignada. Por tratarse de un personal neutro, y en muchos casos, de confianza de los jueces, su prueba y el resultado de su informe tiene una gran relevancia en el resultado final, por ello, procedemos a explicar qué técnicas y cual es su forma de trabajar: 1º.- Primeramente, y como paso previo, hace una lectura de los autos, lo que da lugar al planteamiento de hipótesis iniciales y como base para saber qué técnicas emplear, así como para poner determinar quienes son las personas afectadas y que deberían ser entrevistadas. 2º.- Posteriormente se mantiene una entrevista, en una sala habilitada por el Juzgado, con cada una de las partes involucradas, y fundamentalmente los progenitores, y los menores.            3º- Entrevistas a resto de personas que pudieran ser relevantes de cara a la protección de los menores (psicólogos, profesores,…) El contenido del informe que el equipo realiza, nunca se aporta los medios empleados para la toma de su decisión, ni se hacen grabaciones de las entrevistas, por lo que se desconoce realmente el sistema empleado y a través de que pruebas han llegado a la conclusión que consta en el Informe, por lo que, el Juez, debería valorarlo como una prueba más, pero, pese a ello, el valor que tienen estos dictámenes en la esfera judicial es muy grande, pero no obviemos que el juez debe someterse a s u propio criterio, y valorar adecuadamente toda la prueba, sin que pueda someterse su decisión  exclusivamente a la valoración de estos profesionales.

Antes de elegir y optar por un futuro en común, las parejas deben estudiar qué opción es la mejor y la que más ventajas le puede otorgar porque, los matrimonios y las parejas de hecho, jurídicamente hablando, tienen muchas diferencias. Según Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de julio de 1998 “el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes”, sino realidades jurídicamente distintas, por lo que, en principio, su tratamiento jurídico es diferente. Las parejas de hecho han sido objeto de regulación por las comunidades autónomas, concretamente en Asturias está regulada por la Ley de Parejas Estables 4/2002, de 23 de mayo. A pesar de los avances normativos que poco a poco intenta equiparar, e cuanto a derechos, ambas figuras, a fecha actual, tal y como avanzábamos al principio de este artículo, las parejas de hecho no son equiparables a los matrimonios, existiendo discrepancias en temas tan trascendentales como cuestiones hereditarias, fiscales, patrimoniales, laborales o filiales, por lo que, antes de dar el paso, conviene estudiar la situación a fondo. A modo de ejemplo: -. Las parejas de hecho tienen que cumplir más requisitos que los matrimonios para percibir la pensión de viudedad. -. En la pareja de hecho no se aplica, a falta de elección de las partes, el régimen económico de gananciales. -. En la pareja de hecho,  solo cabe presentar la declaración  de la Renta de forma independiente. Es conveniente que se examine y se estudie todas las opciones de cara a elegir la mejor opción para un futuro en común, por cuanto, aunque se esta avanzando para equiparar ambas figuras, la realidad, a fecha actual, es que no son lo mismo.

Juan, soltero y de 50 años de edad, ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de su madre y de su padre (especialmente de su madre gravemente enferma), y con quienes convivía. Al morir su madre, pensionista y motor económico de la familia, Juan, quien no trabaja y quien, pese a convivir con su padre, carece de suficientes ingresos nos plantea si existe algún tipo de pensión por la dedicación y el cuidado a su madre, a quien cuidó y acompañó en su grave enfermedad. La respuesta ha sido satisfactoria porque Juan tiene y le ha sido reconocida una prestación no contributiva, un pequeño apoyo económico para compensar la dedicación y cuidados que ha prestado a su madre. Tienen derecho a una pensión los hijos o hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente que, al tiempo del fallecimiento del causante, sean mayores de 45 años de edad y solteros o viudos, siempre que: Que convivieran con el causante o a sus expensas al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquel. Que no tenga derecho a pensión pública. Que carezcan de medios de subsistencia y de familiares con obligación y posibilidades de prestarles alimentos, tomando en consideración para dicho cómputo, la carencia de ingresos superiores al S.M.I. de la unidad familiar. Sobre esto se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencias de las que hace acopio el propio INSS (9/11/1992, 9/7/1993 y 19/7/1993), el parámetro comparativo del requisito “vivir a expensas” y carecer de medios de vida, es el salario mínimo interprofesional fijado cada año, y teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar, y el dinero que la conforma. En Sentencia de 9 de noviembre de 1992, dictada por el TS, Sala Cuarta, de lo Social, se determina el alcance de la expresión “vivir a expensas”, por cuanto “se produce cuando, aún percibiendo determinados ingresos, se necesita completarlos con la aportación de otro para alcanzar un determinado nivel de vida”. El artículo 18.1 del Decreto 625/1985 de 2 de abril recoge que: “Se entenderá por responsabilidades familiares, a los efectos previstos en los artículos 10 y 13 de la Ley 31/1984, tener a cargo al menos al cónyuge o a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con el trabajador cuando la renta mensual del conjunto de la unidad familiar dividida por el número de miembros que la componen no supere el salario mínimo interprofesional”.